CASO GALLARDO: ASUNTO PENAL, NO ELECTORAL

Hoy que se cumplen tres años de la presentación de la denuncia, con el apoyo de 443 firmas de 243 potosinas y 199 potosinos que acudieron a la plaza pública, por enriquecimiento ilícito en contra de la familia Gallardo, nos vemos obligados a hacer una denuncia pública en contra de la Fiscalía General del Estado porque, a petición de la gallardía, ha obligado al Frente Ciudadano
Anticorrupción a mantener durante el último año un litigio que aún no termina para que les sea reconocida la personalidad jurídica a quienes firmamos la denuncia, como si el aprovechamiento de los recursos públicos no sea un agravio en contra de toda la sociedad.
Lamentamos que a pesar de que en el expediente se incorporaron al escrito de denuncia pruebas sobre la adquisición de 66 propiedades adquiridas por Ricardo Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona, su familia y sus empresas, en los primeros siete años en que ocuparon las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, y que en los avances de las indagaciones de la propia Fiscalía se detectaran hasta 118 inmuebles comprados por esos personajes sin que sus ingresos lo justificaran, el órgano procurador de justicia –por interés propio o por presiones de los denunciados– no haya turnado a un juez el expediente para dar cauce a las sanciones que creemos se han hecho merecedores quienes se han enriquecido ilegalmente con cargo al erario.
Nuevamente llegamos a un proceso electoral en el que, desde algunas posiciones partidistas y versiones de que tales posturas se promueven por la autoridad estatal, se toma como bandera la necesidad de frenar a la gallardía por representar el riesgo de que la corrupción se apodere de la administración pública. Las corruptelas de la gallardía, denunciadas y por todos conocidas, no son un problema electoral, son un problema penal.
La denuncia que hoy cumple tres años, y muchas otras que se han presentado contra los Gallardo, son muestra de ello, y que hoy se llegue al tercer aniversario de ésta sin que se les haya sancionado revela la complicidad y el doble discurso del gobernador Juan Manuel Carreras López.
Si de verdad quieren salvar a la administración pública de la corrupción que representa la gallardía, desde hace ya varios años no sólo pudieron hacerlo, sino que debieron hacerlo. Nunca es tarde para corregir. Elementos para procesar penalmente a los Gallardo los hay desde que incursionaron en la política a partir de 2009, y se siguen acumulando según se tienen noticias de investigaciones en curso en distintas instancias de fiscalización federales.
Ya es tiempo de que las autoridades encabezadas por Juan Manuel Carreras López dejen de desviar la atención sobre asuntos claramente penales con politiquería electorera que sólo beneficia a esos delincuentes y confirma su complicidad con ellos. A los delincuentes se les detiene con sanciones penales, no con discursos electoreros que pretenden endosarle a la ciudadanía una sanción que, de manera cómplice, siguen evadiendo.

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